A inicios de 2015, una serie de protestas protagonizadas por colectivos juveniles actualizaron el debate laboral sobre el modelo de relaciones laborales vigentes. El actual gobierno nacionalista no cumplió su promesa electoral de aprobar la Ley General del Trabajo, sumándose a la lista de gobiernos que han mantenido el modelo de flexibilización laboral extrema. Actualmente el Estado peruano presenta profundas limitaciones (presupuestales y de personal) para fiscalizar adecuadamente las normas laborales. Por otro lado, los actores sociales no logran establecer relaciones laborales basadas en el dialogo social, lo que ha afectado negativamente la tasa de sindicalización y negociación colectiva. Esta situación ha generado, entre otros impactos, una situación extendida de bajos niveles de ingresos y profundas desigualdades salariales entre sectores ocupacionales, regiones, sexo, condición contractual, afiliación sindical, etc.