Resumen:
A 40 años del golpe de Estado, las disputas por la memoria siguen presentes en Chile. En parte, debido a las limitaciones del propio proceso de redemocratización iniciado en 1990, tanto por el modo de justicia transicional, que frustró las expectativas de verdad y justicia, como porque las elites políticas de la Concertación (coalición gobernante 1990-2010) ejercen una política cauta de construcción de un consenso elitista, práctica gubernamental exaltada en el tratamiento político del conflictivo pasado reciente y de las las políticas públicas de memoria y derechos humanos (MyDDHH). En este cuadro, existe un tipo especial de elite de las políticas de MyDDHH en Chile. ¿Qué pistas explicativas entregan las trayectorias, afinidades y recursos de los agentes de dicha elite que son productores de esas políticas?, ¿cuáles son los perfiles elitarios hegemónicos? Tales políticas parecen haberse instalado en y desde las inmediaciones del Estado democrático, como un espectro, más que desde el núcleo del poder político. Y ello tiene relación con la matriz elitaria de los agentes del campo de DDHH que, por sus orígenes sociales, experiencias traumáticas vividas, recursos educacionales adquiridos, trayectorias militantes y lucha por la defensa de derechos humanos, establecieron discursos que favorecieron la gobernabilidad bajo un esquema de verdad y justicia “en la medida de lo posible”. Uno de los factores de cohesión, que articuló y delimitó la posterior acción política de esta elite en el Estado y otras esferas, fue el capital moral. Este y otros recursos escasos y valorados que portan los agentes, contribuyeron a configurar la memoria oficial de modo elitario, con agentes provenientes de esferas diversas, pero con características comunes, y que pueden sintetizarse en perfiles hegemónicos: el “político abogado prestigiado”; el “activista intelectual”; el “dirigente laico comprometido eclesialmente con los derechos humanos”; y el “jesuita comprometido”.
