Este artículo examina dos informes periciales presentados ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero, sobre la negativa de Surinam a reconocer los derechos a la tierra de los pueblos indígenas, a pesar de sus obligaciones internacionales. El segundo, sobre títulos de tierras de población indígena en Guyana. Comparar ambos casos me permite hacer observaciones sobre la investigación etnográfica a corto plazo para peritajes antropológicos, incluyendo la necesidad de hacer que estos informes resulten comprensibles en tres marcos superpuestos: el de los abogados y el sistema legal, el de las comunidades en lucha por sus derechos, y el de la disciplina antropológica. Además, considero las elecciones narrativas adoptadas en los informes, los dilemas políticos de ser perito experto y los desafíos de la etnografía a corto plazo.