El trabajo coloca el acento en el desafío de la integralidad tanto en el abordaje como en los diseños institucionales de la contraloría social. Asume que su especificidad estriba en su carácter autónomo y político, en tanto expresa la función regulativa de la sociedad sobre el Estado. El primer argumento es que la exigibilidad de los derechos sociales, económicos y culturales requiere desplegarse en todos los espacios y procesos donde se dirimen sus alcances reales. El segundo argumento es que la eficacia de la contraloría social -o sea, el que pueda devenir en consecuencias para los poderes públicos- está determinada en gran medida por los recursos de poder indirectos y directos que consagran la institucionalidad estatal. Su legitimidad, en cambio, depende de la autonomía plena de la contraloría social respecto del Estado. La manera como se maneje la tensión entre dependencia e independencia del Estado resulta clave. Se hace un análisis de cómo están siendo abordados estos asuntos en América Latina y se exponen además algunos de los mecanismos ya disponibles para enfrentar el desafío de la integralidad de la contraloría social.