ResumenEl objetivo de este trabajo es analizar las praxis delos consejos comunales (CC) en materia de contraloría social en el período 2006-2010. Se estudian los efectos de la aplicación de la Ley de Consejos Comunales de 2006 en el ejercicio de la contraloría social, encontrando limitaciones jurídicas, tales como: indefinición de la actividad contralora, del ente que controla y de los mecanismos contralores, junto con la falta de formación, capacitación y conocimiento técnico de los miembros de los CC para ejercer tal función. Las deficiencias de la estructura institucional para procesar la contraloría social, la inexistencia de mecanismos externos y de sanciones y, en general, la politización de tal función, contribuyeron al fracaso de esta y estimularon el clientelismo y la cooptación política. Se analiza en qué medida la Ley Orgánica de los Consejos Comunales de 2009 resuelve las limitaciones jurídicas y toma en cuenta los problemas anteriores. Se encuentra que a pesar de que esta ley fue dirigida a resolver las limitaciones de la LCC de 2006 en lo que respecta al ejercicio de la contraloría social, las múltiples limitaciones arriba identificadas, impiden que la función contralora sea efectiva. Además, la creciente politización de los CC ha llevado a que la formación, capacitación y gestión eficiente y transparente no sean consideradas como prioritarias, dando lugar al desarrollo de prácticas clientelares, en que el éxito se mide políticamente según la cantidad de recursos que obtenga el CC y donde la obtención de tales recursos pasa por la cooptación política.Social accountability and clientelism: Praxis among Venezuelan communal councils.AbstractThe purpose of this paper is to analyze the praxis ofthe communal councils (CCs) with regard to social accountability since their institutionalization in 2006 until 2010. We have studied the effects of both the Law on Communal Councils (LCC) of 2006 and the Organic Law on Communal Councils of 2009, on social accountability. We have found that some factors accounting for the failure of social accountability of CCs have to do with the legal constraints of the LCC of 2006 such as the ambiguous definition of the social accountability task, the absence of a supervisory entity and accountability methods, andthe lack of training and expertise of the membersof CCs to perform such duties. Other factors arethe weaknesses in the institutional structure forassessing social accountability, the lack of sanctions and, in general, the politicization of this activity that stimulated clienteles and cooptation. We have also found that although the LOCC of 2009 aims to resolve the limitations of the LCC of 2006 regarding the implementation of social accountability, this later law does not take into accountthose problems, thus making social accountability unviable. In addition, the growing politicization of local councils has led to disregard technical training, efficiency and transparent management, as the working mechanisms for CCs. It has given rise to clientelar practices measuring success in terms of the number of resources CCs may obtain, a task that often implies political cooptation.