Este artículo argumenta que mientras en esta última década ha tenido lugar en el país un importante proceso de transformación política, económica y social, la criminalidad y la violencia se incrementan sin parar, alcanzando tasas que ponen en cuestión y en riesgo el proceso de democratización social que impulsa la sociedad venezolana. La autora argumenta que, más que en ninguna otra política pública, la problemática de la inseguridad y la violencia social requieren de una fuerte participación comunitaria para un abordaje positivo. Igualmente señala que, en el terreno político-institucional, es imperativo que el desarrollo del nuevo marco jurídico mantenga concordancia con las exigencias de cambio de la sociedad venezolana y atienda los principios constitucionales que apuntan a la realización del principio de igualdad ciudadana, para evitar la desilusión democrática