Cuando en una economía, el grado de monopolio y la protección comercial dan origen a una pérdida recurrente de eficiencia y bienestar, el Estado está en la obligación y además cuenta con los instrumentos de política necesarios para contrarrestar esta tendencia. Cuando este fenómeno se extiende sobre las principales actividades productivas de la economía interior, el mismo tiende a manifestarse a través de un significativo y permanente grado de capacidad física ociosa y de un importante contingente de desocupados y sub-ocupados con la capacidad para desempeñarse en actividades más productivas. Luego, las reservas factoriales que se derivan de la pérdida de eficiencia constituyen, en el corto plazo, el acervo que insinúa la ausencia de conflictos intersectoriales de productividad que pueden entorpecer la asignación y reasignación de los factores para la producción e introducir distorsiones adicionales en el sistema de precios. En este sentido, la política comercial no tiene porque apoyarse en soluciones ortodoxas y su instrumentación tampoco ha de estar sujeta a las restricciones propias del largo plazo impuestas por el pleno empleo económico