La aprobación de la Directiva Marco Europea del Agua (DMA) en el año 2000 brinda a la Unión Europea un nuevo marco institucional para la gestión del agua. Aunque el objetivo aparente es la recuperación del buen estado ecológico de las masas de agua, el verdadero es la aplicación del principio de recuperación de costes de los servicios del agua, incluyendo costes ambientales y de recursos naturales, conforme el análisis económico y el principio de «el que contamina paga». Si bien es importante que los usuarios del agua paguen su coste real, el enfoque de la DMA en cuanto a costes ambientales es inadecuado, pues ignora el principio de precaución, razona solo en términos monetarios y olvida que no hay gestión del agua sin gestión del territorio: así, los principales contaminadores seguirán siendo «competitivos» a costa del suelo y el agua.