A partir de 1980 comienza en México un proceso de descentralización y apertura a la participación privada en la provisión de servicios públicos, incluyendo los de agua y saneamiento. En este contexto, la concesión integral del servicio de agua y alcantarillado en la ciudad de Aguascalientes en 1993 constituye una experiencia paradigmática, no sólo por ser la primera concesión de este tipo en el país sino porque constituyó la prueba piloto para las futuras experiencias en México. A pesar de esto, una serie de factores determinaron que la modalidad de participación privada a través de concesiones integrales no se siguiera expandiendo en el país.