Bolivia vivió un remezón político y social en 2003. Dos conflictos ocurridos en ese año marcaron un hito en su historia reciente: el primero referido al rechazo de una decisión gubernamental de aplicar un impuesto al salario impulsado por el Fondo Monetario Internacional, y el segundo vinculado con una masiva movilización que demandaba la nacionalización de los hidrocarburos y se oponía a su exportación en beneficio de un consorcio de empresas multinacionales. Ambos conflictos tuvieron consecuencias violentas por la cruenta represión estatal. Este artículo se plantea analizar estos hechos desde dos perspectivas. Una asociada con la incapacidad del sistema poítico para solucionar legal y pacíficamente los problemas nacionales, otra relacionada con el agravamiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población luego de dos décadas de aplicación de políticas neoliberales.