Los hechos acaecidos en el municipio de Rivera un 27 de febrero del año 2006, relacionados con la masacre de los concejales, marcaron un hecho histórico en la vida republicana de Colombia, un caso inédito en la convulsionada democracia de nuestro país. Las victimas que son la parte más vulnerable de los conflictos armados deben ocupar un lugar destacado, por ser parte desencadenantes de la problemática social y, el Estado máxima instancia en acudir a prestar el apoyo en todos los órdenes. El presente estudio centra sus expectativas en auscultar si el Estado Colombiano ha cumplido a cabalidad, no solamente con la normativa constitucional sino como actor preponderante del conflicto en prestar toda la atención para resarcir el daño que como consecuencia de la contienda armada han sufrido las personas que han perdido a sus seres queridos. Las diferentes fuentes de ayuda; tales como: el componente psicosocial, el material y el logístico han constituido el aporte del estado, pero no han sido suficientes y necesarios que hayan satisfecho las expectaciones, para que estas personas desarrollen a plenitud su proyecto de vida. La problemática se sustenta en la ausencia del estado frente a satisfacer, no solamente las necesidades y expectativas de las victimas actuales, sino en la construcción de un proyecto de vida que por sus condiciones de víctimas se vio silenciado por la desaparición en forma violenta del ser querido. El apoyo del Estado ha atenuado los menesteres, sin ser suficientes frente al daño causado. La metodología utilizada fue de tipo cualitativo, primando las comunicaciones personales, escuchando sus testimonios y conociendo de primera mano sus apreciaciones y conceptos sobre la trayectoria de sus vidas desde la ocurrencia del hecho hasta la fecha de producirse la presente investigación.