A comienzos del siglo XX, una vez concluido el proceso de ocupación de las tierras indígenas en la Araucanía, diversos sectores de la clase política, intelectuales y la Iglesia pusieron en tela de juicio la forma como las autoridades lo habían llevado a cabo. De este modo quedó en evidencia un conflicto provocado por los abusos que se cometieron y que el Estado no pudo frenar. Se podría decir que surgió un sentimiento culposo que no negó el afán de someter al mapuche, “civilizarlo” e integrarlo a la chilenidad, pero que cuestionó la forma como se había procedido. Una de las primeras voces que se levantaron para denunciar aquellos abusos corrió por cuenta de los misioneros capuchinos que evangelizaban en la zona. El Parlamento de Coz Coz, celebrado en enero de 1907, ofreció la oportunidad para hacerlo, mediante una acción concertada por el padre Sigifredo de Frauenhäusl que, a nuestro juicio, logró sensibilizar a la opinión pública sobre la situación en que quedaron las comunidades mapuches, después de la ocupación de sus tierras. Tres años más tarde se fundaba en Temuco la “Sociedad Caupolicán, Defensora de la Araucanía”, la primera organización mapuche que encabezó las demandas indígenas, cuya capacidad de movilizarlos quedó demostrada en 1913 a propósito de la llamada “Marcación de Painemal”, un hecho luctuoso que la prensa de la época comentó largamente en la zona y en Santiago, demostrando esa nueva actitud frente a lo que podríamos llamar “la cuestión indígena”. En este artículo nos proponemos explorar ambos sucesos con el propósito de demostrar que ya a comienzos del siglo XX la relación “Estado-Pueblo Mapuche” fue analizada críticamente en el país y que las protestas que hemos observado en los últimos años no son nuevas en la región. Por el contrario, se trata de un conflicto que arranca con la ocupación misma del territorio hace más de 120 años.