El Salvador es uno de los pocos países que posee una legislación que penaliza absolutamente el aborto. En América Latina sobresale como el único país que lo judicializa como homicidio, con penas que ascienden los 30 años. Hasta el 2019, se documentaron al menos 181 casos de criminalizadas. En esta tesis, de índole principalmente cualitativa, se analizó el contexto vinculado a la penalización, la cual es vigente desde 1998. Este panorama, se contrastó teóricamente a partir del estudio de la maternidad como una construcción social, considerando conceptos vinculados a los estudios de Género. Asimismo, se incorporó la perspectiva de Políticas Públicas, estudiando la Política de Derechos Sexuales y Reproductivos, promulgada en 2012. Más adelante, se indagó si puede referenciarse un perfil común de las impactadas, a partir de variables como procedencia, edad, escolaridad, estado civil y actividad reproductiva. Posteriormente, se analizó lo que conlleva el proceso penal, incluyendo el juzgamiento, el contexto de privación de libertad y el estigma. Asimismo, se revisaron los derechos que son sistemáticamente violados en los casos de quienes experimentan emergencias obstétricas y son criminalizadas, así como el ámbito en el que opera dicha violación. Finalmente, se analizó la reparación como una obligación de El Salvador frente a las violaciones de derechos humanos que han sido cometidas, recomendando elementos que podría integrar una política pública en dicha materia.