En el año 2002, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la primera jurisdicción del país que declara la obligatoriedad del nivel secundario (Ley 898). Este derecho se extiende a todo el territorio nacional a partir de la sanción de la Ley Nacional de Educación (26.206) en el año 2006. El nuevo entramado normativo coloca al Estado como garante del nuevo derecho adquirido, impulsa la refundación del nivel redistribuyendo responsabilidades entre actores e instituciones sociales y crea el marco para situar a la inclusión educativa como principio rector del sistema. En este contexto, el programa “Retención escolar de alumnas madres, embarazadas y padres en escuelas medias de gestión estatal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, se presenta como un esfuerzo específico del Estado por remover los soportes de la matriz excluyente del nivel secundario, en particular los que obstaculizan las trayectorias escolares de las y los adolescentes embarazadas, madres y padres. A partir del análisis del programa desde el modelo de la “Cadena de Valor Público” (Hernández, 2015) y sus respectivas dimensiones de análisis (dimensión argumental, institucional-normativa y material) este trabajo se propone ofrecer información relevante para el mejoramiento de las políticas de inclusión educativa.