Resumen:
En treinta años, se han construido muchas viviendas en Chile. Esta capacidad de producción masiva y sostenida ha sido elogiada por políticos, agencias internacionales y académicos en toda América Latina. Las viviendas para los sectores pobres, producto de la política de financiamiento habitacional vigente, son deficientes. Se trata de casas o departamentos terminados, pequeños, que no se adaptan a las necesidades cambiantes de las familias. Los residentes se ven obligados a modificarlos y ampliarlos fuera de toda norma legal o de seguridad. Los residentes –que son muchos, casi un millón de personas en Santiago– están insatisfechos: dos tercios quieren irse y no tienen otra opción que quedarse. La supuesta reducción del déficit habitacional nos recuerda la fábula del traje nuevo del emperador: no hubo una política habitacional; solo hubo construcción de viviendas baratas y de muy bajo estándar que han creado nuevos y graves problemas habitacionales y urbanos. A partir de 2006, el gobierno de Chile reconoció esta situación y está invirtiendo cuantiosos recursos en intentos de mejoramiento de las condiciones de vida en el stock de vivienda social.