Resumen:
La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005) constituye, para los gobiernos del siglo XXI, un referente de gestión democrática de las ciudades, es decir, una guía para la formulación e implementación de políticas públicas urbanas incluyentes y equitativas. La participación ciudadana es indisociable de este nuevo modelo de desarrollo urbano. Los gobiernos locales tienen claros retos para ir cediendo espacios de poder y decisión a favor de la ciudadanía, esto es, para dar un salto cualitativo desde una democracia representativa hacia una democracia participativa. En Ecuador, la Constitución de 2008 reconoce el derecho a la ciudad, a la función social y ambiental de la propiedad y la ciudad, y a la participación ciudadana en los asuntos de interés público. El país ha asumido un evidente compromiso ante los procesos de desarrollo urbano, siendo un requisito el ejercicio pleno de la ciudadanía. Esta conquista ha sido fruto de la lucha de diferentes actores sociales que ahora juegan un rol prioritario en el desarrollo de este marco normativo. Este artículo recoge experiencias propositivas desarrolladas en tres ciudades del país. A través de ello se ejemplifica cómo los gobiernos locales pueden ir implementando los derechos recogidos en la Carta Mundial y en la Constitución. Adicionalmente, pretende incentivar a los gestores públicos a utilizar herramientas dirigidas a la construcción colectiva de ciudades –con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes–, a través de un urbanismo y una planificación sostenibles que vuelvan la mirada hacia las necesidades y demandas concretas de los ciudadanos.
