A partir de un análisis crítico de la cobertura informativa y de un estudio de la retórica audiovisual, este ensayo señala que el largometraje Presunto culpable no tiene la forma de un documental. Su intención comunicativa no fue la socialización periodística de datos sobre una problemática social, sino que se trató de propaganda cívica a favor de una propuesta de reforma legal. El equívoco en la definición del género audiovisual causó que el debate público sobre su condición jurídica se concentrara en la tesis indemostrable de una censura a pesar de que los productores del filme incurrieron en faltas éticas en el tratamiento visual e informativo del tema.