Resumen:
El artíclo explica las fallas de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en México y señala que son resultado de la captura regulatoria. La argumentación se desarrolla en siete secciones. La primera sección define los esquemas de APP y, asimismo, describe el proceso y los argumentos políticos empleados para lograr la aprobación del marco regulatorio en la materia. En la segunda sección se expone una revisión de la literatura especializada, señalando los beneficios esperados de las APP; posteriormente, en esa misma sección, se describen las fallas y su relación con la captura regulatoria. La tercera sección describe los esquemas de financiamiento que antecedieron a los actuales proyectos de APP. En particular se exponen los casos de los proyectos de inversión, concesiones y proyectos de prestación de servicios. Tales experiencias han generado graves daños a la hacienda pública haciéndose evidente que las reiteradas fallas del Estado mexicano no pueden, únicamente, catalogarse como faltas en la capacidad administrativa, sino se requiere analizar y describir los procesos de captura del Estado. La identificación de los actores que capturan la política de APP y sus estrategias se desarrolla en la cuarta sección. Allí se expone que la captura se constata en tres aspectos: 1) cooptación de funcionarios y autoridades; 2) imagen optimista y suministro de información clave, y; 3), reducción de los espacios de deliberación. En la quinta sección se ofrece un análisis particular de las fases y unidades administrativas que participan en la implantación de una APP. En la sexta sección, los resultados del análisis determinan que la unidad administrativa captora del Gobierno mexicano es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual administra, suministra y evalúa el uso de los recursos financieros. Luego, se enlistan también las grandes corporaciones, constructoras e instituciones financieras beneficiadas. Finalmente, la séptima sección expone conclusiones y recomendaciones políticas, las cuales están orientadas a defender y exigir mayores espacios de deliberación, transparencia y rendición de cuentas en la provisión de infraestructura.
