Resumen:
La música como disciplina artística, pero también como fuente de trabajo, ha sufrido cierto abandono por parte de las políticas públicas chilenas, especialmente desde el golpe de Estado ocurrido en 1973 y su consecuente dictadura militar. Desde el retorno de la democracia, y especialmente desde la creación de una institucionalidad pública sobre cultura, estos temas vuelven a ponerse sobre la mesa, sin embargo, sin la especificidad que requieren y sin considerar integralmente la diversidad de los distintos ámbitos de la cultura. Particularmente, la situación de la música en Chile ha cambiado considerablemente en los últimos años. La industria musical se ha visto afectada por diversas transformaciones, tanto positivas como negativas. Igualmente ha sido una industria que ha tenido un fuerte crecimiento, especialmente de ciertos eslabones de la cadena de producción y difusión, como las productoras de grandes eventos musicales; los sellos independientes; las editoras de música; los medios de comunicación masivos; etcétera. Sin embargo, los músicos chilenos no han visto mejoras en su situación laboral y social sino que, por el contrario, sufren una mayor desprotección social que en el pasado, y sus condiciones de trabajo se han precarizado. Las iniciativas que se han implementado para mejorar esta situación no atacan la raíz del problema, sino que se proponen paliar algunos de sus efectos con instrumentos parciales e insuficientes. La política cultural se ha dejado en manos de la concursabilidad y la competencia entre artistas para conseguir los escasos recursos públicos. El Estado se aparta y deja la tarea reguladora al mercado. Por ello, no existe un marco normativo potente que proteja el trabajo musical, ni que asegure la difusión de las producciones nacionales, o que establezca fuentes de financiamiento estables para los sindicatos y asociaciones de músicos.
