In the second presidential period of Juan Manuel Santos, Ser Pilo Paga was the most important policy to promote the access of poor youths to university studies. The objective of this paper is to expose the negative impacts of that policy in terms of privatization,inequality and underfunding in Colombian public university. According to the objectives and evolution of Ser Pilo Paga, the article shows the limits of that policy with regard to (a) the consolidation of student loans as a means of financing, (b) the cash concentration in private universities, (c) the financial weakness of public universities, (d) the inefficiency of the policy, (e) the reproduction of class and regional inequalities, (f) its risks of oligopoly and (g) its inconsistency with respect to the policies implemented by governments of OECD countries. The conclusion insists in the importance of building a financial modelcommitted with the defense of higher education as a right and a common good, and based on principles of universality, unconditionality and individuality.En el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, “Ser Pilo Paga” se convirtió en la principal política de acceso de los jóvenes de escasos recursos económicos a la educación universitaria de calidad. El propósito de este documento consiste en exponer los impactos negativos de este programa en materia de privatización, desigualdad y desfinanciamiento de la universidad pública en Colombia. De acuerdo con los objetivos y evolución de “Ser Pilo Paga”, se mostrarán sus límites en términos de (a) la profundización del crédito educativo como dispositivode financiamiento; (b) la concentración de los recursos en las universidades privadas; (c) el debilitamiento financiero de las universidades públicas; (d) la ineficiencia del programa;(e) la reproducción de las desigualdades regionales y de clase social; (f) los riesgos oligopólicos que produce y (g) su incoherencia con respecto a las prácticas de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se concluye insistiendo en la necesidad de establecer un modelo de financiamiento que, atendiendo a principios deuniversalidad, incondicionalidad e individualidad, se comprometa con la defensa de la educación superior como un derecho y bien común.