Desde los orígenes de la creación del Estado ecuatoriano, el número de representantes que le corresponde a los territorios, provincias y/o ciudades ha sido un asunto de discusión y enfrentamientos que ha encontrado diferentes soluciones constitucionales. Si bien universalmente la tendencia ha sido encontrar un método que adjudique a cada provincia una representación acorde con su población, la representación territorial igualitaria de origen ha tendido a generar una dependencia histórica que las distintas Constituciones tuvieron que incorporar. Este artículo ofrece evidencia de los cambios y de la dependencia de sendero que sigue la asignación de escaños desde 1830 hasta la fecha. La conclusión es que los territorios tienen un peso representativo sustantivo acumulado a través de la historia que los criterios poblacionales de reparto no han podido mitigar.