La política de condicionalidad estructural llevada a cabo por instituciones financieras internacionales (IFIS) es criticada por poner en tela de juicio la soberanía y el albedrío de países para determinar su futuro. Las exigencias impuestas por dichas instituciones, a cambio de financiamientos para el desarrollo, a menudo se utilizan como pretexto para ocultar responsabilidades de gobiernos en fracasos económicos. Hoy día, una profunda revisión de esta condicionalidad se instala tanto a partir de críticos como de sus mismos propulsores. Sustentamos que la coyuntura es alentadora para que países emergentes hagan pesar sus especificidades económicas, sociales y sus proyectos nacionales en la negociación con organismos internacionales de crédito. No obstante, la actitud de los gobiernos no inspira optimismo desmesurado y la crítica implacable de sus opositores destila cierto fatalismo.