En el marco de la Sentencia T-025 del 2004, la Corte Constitucional ha proferido 35 autos y ha llamado la atención seis veces sobre los problemas de coordinación entre la Nación y los territorios que entraban el goce de los derechos fundamentales de la población desplazada por los violentos. Cuando decidió intervenir en el modelo territorial de Estado, terminó sumándose a la estrategia centralista. Este trabajo se ocupa de analizar esta decisión desde una perspectiva no convencional, la de un árbitro que decide participar activamente en el juego de la descentralización, y explora las razones para que se acoja a la estrategia que preserva el status quo. Al final, se discuten las implicaciones para el bienestar de la población desplazada desde la perspectiva del cambio de carácter de buena parte de los municipios colombianos que han pasado a ser receptores netos de población desplazada en los últimos años. Palabra clave: Descentralización fiscal; desplazamiento forzado.