Resumen:
El Siglo XXI se ha caracterizado por la presencia de una creciente sociedad de riesgo y la aparición de fenómenos delictivos, por lo cual se requiere una política criminal, en la que se logre la necesaria armonía entre la necesidad de adaptar el Derecho penal al surgimiento de nuevos intereses de protección o a la revalorización de algunos ya existentes y la vigencia de los principios limitativos del derecho de castigar de los Estados, consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos humanos y en las constituciones nacionales. El creciente incremento de las migraciones ilegales y de las nuevas formas de esclavitud, ha llevado a muchos países, entre ellos Cuba, a partir de la vigencia de la Ley No 87 de 1999, a tipificar como delitos el tráfico y la trata de personas, que en la actualidad aparecen vinculados a los grupos delictivos organizados, que desarrollan sus actividades por aire, mar y tierra poniendo en peligro la vida y la seguridad de las personas. Los resultados de nuestra investigación están relacionados con el aporte de recomendaciones a las instancias correspondientes de nuestro país, que contribuyan al perfeccionamiento de las normas penales cubanas que regulan el tráfico y la trata de personas y contribuir al estudio del tema migratorio y su vinculación con la delincuencia organizada.
