Este texto tiene como objetivo analizar los paralelismos históricos y jurídicos existentes en la relación que el Estado mexicano ha establecido con los adolescentes y los indígenas a través del sistema judicial y el aparato administrativo. En el estudio se pone especial énfasis en los conceptos de sujeto de derecho y debido proceso como categorías que organizan formalmente dicha relación y se argumenta a favor de incluir la perspectiva de juventud y de adecuación cultural como requisitos para asegurar un efectivo acceso a la jurisdicción del Estado para estos sectores de la población.