El Estado debe ser analizado como la expresión social de un conjunto de interacciones y relaciones entre individuos y grupos sociales, constituyendo el marco organizativo de las mismas. Así, el sentido de la Gestión Pública descansa en las necesidades que la convivencia dentro de un territorio común plantea, teniendo como eje la articulación de las relaciones entre la sociedad y el Estado de manera que se promueva el bien común. Estamos hablando, así, de la articulación de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, en un contexto histórico donde las funciones de ambos son redefinidas, como respuesta a imperativos económicos, políticos, sociales y culturales, interrelacionados de tal manera que exigen y potencian el desarrollo de un nivel de participación ciudadana alto, como contraparte de una gestión estatal más eficiente y eficaz. Todo esto enmarcado dentro de procesos de consolidación democrática y de búsqueda de un desarrollo social más pleno, acorde con una visión integral de la realidad que supera el énfasis puesto en los indicadores económicos para incorporar variables relacionadas con desarrollo humano y sustentabilidad.
Esta discusión tiene grandes implicaciones prácticas, pues el carácter complejo y contradictorio de la realidad social en los países latinoamericanos hace que la posibilidad de crear el espacio para una Gestión Pública más eficaz y democrática -participativa- enfrente una serie de dificultades, asociadas con prácticas burocráticas anquilosadas, conflictos de intereses que impiden cambios necesarios, problemas financieros y técnicos, falta de responsabilidad de funcionarios, entre otros. Estas limitaciones han sido enmarcadas dentro del concepto de "ingobernabilidad”. Los esfuerzos de modernización refieren a las diferentes acciones propuestas y llevadas a cabo para enfrentar este contexto, las cuales adolecen de ciertas deficiencias como son la no incorporación del análisis histórico y social, la no consideración de las necesidades concretas y de las posibilidades realmente existentes, la falta de conocimiento acerca de los actores sociales que intervienen en el proceso, sus recursos y aspiraciones, entre otros,para diseñar propuestas realistas que puedan conducir a verdaderos cambios en la realidad social. En este artículo son analizados los esfuerzos modernizantes para el caso del Estado costarricense, desarrollados en diferentes momentos y bajo diferentes modalidades, con el fin de determinar los elementos que han influido en sus limitados alcances y, en la medida de lo posible, adelantar sobre las condiciones mínimas que debe reunir una propuesta viable, cada vez más urgente. Desde esta perspectiva se sostiene que la reforma estatal necesaria va más allá de los objetivos propuestos por los Programas de Ajuste Estructural, pues en ellos la problemática se reduce a elementos de mercado o se plantean alternativas que no tocan elementos significativos del quehacer estatal. El dilema de la gestión pública, por tanto, se presenta como un fenómeno complejo, multifacético, que requiere para su análisis de un enfoque integral, que incorpore mecanismos que logren articular los intereses, recursos y esfuerzos de diferentes actores en la búsqueda de una nueva construcción social democrática.
Universidad Nacional, Costa Rica
Escuela de Sociología