La desaparición de poderes es una facultad del Senado mexicano que le permite declarar que han desaparecido todos los poderes constitucionales en un estado de la República y disponer la intervención federal para subsanar los trastornos graves que hayan provocado esa situación. Este artículo examina dos casos en los que fue aplicada: Guerrero en 1960-1961 e Hidalgo en 1975, para mostrar cómo dicha facultad, otorgada por el artículo 76 de la Constitución de 1917, fue en la práctica un instrumento de control del régimen autoritario que gobernó a México durante el siglo XX, pues servía a los presidentes para suprimir gobiernos estatales cuyas acciones rompían el orden constitucional, ponían en riesgo la gobernabilidad o desafiaban la autoridad presidencial.