El presente artículo centra su atención en el proceso de implementación en Chile de la Ley 20.500, publicada el año 2011, sobre participación ciudadana en la gestión pública, y en especial en uno de los mecanismos establecidos como obligatorio para las administraciones públicas locales: los Consejos Comunales de la Sociedad Civil (COSOC), en específico en los implementados en las municipalidades de la región del Biobío, en Chile. Se incluye la opinión de actores relevantes en esta materia respecto al proceso, así como se revisa la ley misma. El trabajo aporta al dejar en evidencia una inconsistencia entre el espíritu de la ley y las reales atribuciones de los COSOC.