Resumen:
A casi un cuarto de siglo de la reforma de 1992 al Artículo 27 constitucional, que permitió la privatización del ejido, y como resultado de las acciones, omisiones e imprevisiones en materia de suelo urbano y vivienda, las periferias de las ciudades mexicanas evolucionaron de forma contrastante. Por una parte, mantuvo su presencia la secular urbanización irregular en la forma de colonias populares (urbanización social); por otra, proliferó el desarrollo de grandes y medianos conjuntos habitacionales alejados del área urbana consolidada, pero sobre todo, sin suficiente equipamiento urbano, buen acceso y conectividad con el resto de la ciudad; es decir, una urbanización difusa, segregada y sin comunidad, supuestamente bajo la tutela de la “planificación urbana” y bajo la consigna de “hacer ciudad” (urbanización de mercado).