Este artículo exhibe los intentos del gobierno de la provincia de Yucatán por instrumentar la regulación de las propiedades rurales por medio de las composiciones de sitios y estancias entre los siglos XVII y XVIII. Asimismo, aborda la dificultad por distinguir entre los bienes realengos y las tierras de comunidades de los pueblos mayas durante los procedimientos de denuncias y ventas de los montes baldíos en almoneda pública en las dos primeras décadas del siglo XIX.