La Constitución de 1999 establece el derecho de los ciudadanos a participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes. Para hacer efectivo el derecho a la participación debe existir un adecuado flujo informativo del Estado a los ciudadanos y viceversa, por medio del cual el primero logre comunicar su gestión, rinda cuentas y en consecuencia, puedan los ciudadanos efectivamente incidir en la formación, gestión y evaluación de las políticas públicas locales. Se establecen algunas propuestas a nivel de la gerencia de la administración pública municipal que garanticen un adecuado proceso informativo, tomando en cuenta las novedosas tecnologías de la información y la comunicación.