A partir del análisis de las legislaciones que regulan el procedimiento penal del anterior y el nuevo sistema de justicia penal, se profundiza en cómo el diseño normativo en sí mismo es un factor que incentiva o desincentiva el desarrollo de la función policial, lo cual se manifiesta en particular en los casos de detención en flagrancia y procesamiento judicial posterior. Destaca que el nuevo esquema de justicia adversarial, que entró en vigor en México en 2016, rompe las inercias del esquema anterior y es un factor que, entre otros, puede contribuir a mejorar el ejercicio policial, en conjunto con los criterios judiciales que valoran la actuación policial.