Al adquirir estatus de ley, la Renta Garantizada de Ciudadanía se convirtió en un derecho exigible por los ciudadanos. Como se muestra en un primer apartado, sus características son más las de un programa de Rentas Mínimas de Inserción. Esto significa que no es universal e individual, sino que se dirige a un grupo específico de personas que cubren ciertos requerimientos. A partir de la etnografía y las entrevistas a profundidad con varios actores sociales, se presentan evidencias empíricas sobre las dificultades operativas del programa, entre ellas, un diseño poco claro y la falta de recursos tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento, que causaron la entrega del dinero en una sola exhibición después de un año de espera, por lo que el programa tuvo resultados precarios para los beneficiarios.