A partir de la década de 1990 España comienza a perfilarse como un país de inmigración, de forma que, considerando los 15 países de la Unión Europea, en el año 2008 España es el que registra un mayor número de extranjeros. La importancia creciente de España como destino de las migraciones internacionales fue utilizada por el gobierno español para diseñar una política migratoria que favoreció la internacionalización de las empresas españolas. Durante el periodo 2000-2005, la política migratoria facilitó la llegada de latinoamericanos al territorio español y, al mismo tiempo, la entrada de Inversión Extranjera Directa española en América Latina. Posteriormente, a partir del año 2006, la política migratoria se centró en la externalización del control de los flujos a través de la firma de acuerdos migratorios con diferentes países africanos que, como contrapartida, vieron incrementada la Ayuda Oficial al Desarrollo española en sus países.