Desde su instrumentación, el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), como el principal programa de combate a la pobreza extrema del gobierno federal, ha sido sujeto a una serie de evaluaciones institucionales y de organismos académicos, las cuales se han orientado principalmente a analizar los tres componentes que maneja el Progresa; el CIESAS, una de las instituciones de evaluación, ha determinado efectos negativos del programa en cuanto a la cohesión de los grupos sociales; sin embargo, existen otros efectos potencialmente negativos que afectan al gobierno municipal y que en determinado momento pueden llevar a que la población cuestione la legitimidad de la autoridad local. El presente artículo tiene como objetivo demostrar, con un caso de estudio, este problema de pérdida de presencia del gobierno local ante la población.