Sobre la base de 18 informes nacionales en los que se evalúa el estado de la relación entre el dinero y la política en cada país, se muestra de qué modo han evolucionado las capacidades regulatorias de los Estados latinoamericanos. Para tal efecto, el autor propone una clasificación de los sistemas regulatorios latinoamericanos en torno a cinco modelos, que se diferencian funcionalmente entre sí según el peso relativo de los componentes públicos (financiamiento estatal, restricciones a los aportes privados, etc.) respecto de los privados. El artículo concluye con una nota precautoria referida a los posibles efectos perversos que podrían ser provocados por determinadas regulaciones, a la luz de algunos estudios estadounidenses y alemanes que también se señalan en el artículo.