Cada vez más los megaproyectos o desarrollos de gran envergadura contribuyen a definir las políticas de desarrollo urbano. Se trata de proyectos asociados a transporte o a la construcción de infraestructura que implican grandes cambios y modificaciones del espacio, y en los que salen a relucir relaciones de poder, intereses divergentes, desigualdades en la distribución de los costos y beneficios involucrados, así como las distintas capacidades de los actores. Suelen ser proyectos poco transparentes pues los agentes promotores (usualmente el gobierno) afrontan con opacidad el riesgo que significa la oposición que generan. Por otra parte, la transformación de la agenda de políticas urbanas avanza por la ruta de formas de gobernanza más horizontales y por la consideración de los impactos medioambientales. En consecuencia, la incorporación de la participación ciudadana en la toma de decisiones de política pública aparece cada vez más como un recurso para la gobernabilidad y la gobernanza urbanas. La construcción de la línea 12 o Línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México es un caso que permite poner a prueba los principales postulados de ambos desarrollos teóricos, tanto el de los megaproyectos, como el de la incorporación de la participación ciudadana como medio para lograr políticas públicas más eficaces, justas y legítimas. En este artículo se examinan los mecanismos activados por el gobierno para consultar a la población, y también las estrategias desplegadas por algunos sectores que se vieron particularmente afectados por las obras o por el proyecto en general. Se corrobora que se trató de un proyecto donde imperaron la desinformación y la falta de comunicación con la población afectada y en el que los mecanismos activados por el gobierno fueron los mínimos para cumplir con la ley. Una vez generados los conflictos, se optó por mesas de diálogo o procesos de negociación en corto que no se corresponden con el tipo de mecanismos que se prescriben desde la teoría de la participación ciudadana cuando ésta se incorpora a la toma de decisiones de política pública.