El año 2014 el gobierno peruano decidió erradicar los cultivos ilícitos de coca en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). A pesar de sus intenciones, estas acciones no se ejecutaron en principio debido a la resistencia de los actores locales. Sin embargo, un análisis detallado muestra que un factor decisivo fue la oposición entre las agencias estatales involucradas en la implementación de estas medidas de control. De esta manera, el caso pone en discusión cómo las tensiones entre agencias estatales con a) enfoques particulares respecto a lo que implica una presencia efectiva del Estado en estos ámbitos y b) una influencia diferenciada en los distintos niveles de la toma de decisiones, afectan la capacidad de implementar medidas de control en las regiones donde se emplazan estos mercados ilegales.