Siguiendo la experiencia de una comunidad epistémica internacional, México introdujo en la reforma constitucional de 2013 y legislativa de 2014, la obligación de presentar una evaluación de impacto social de todos los proyectos de energía. Este artículo identifica problemas metodológicos en la medición de cambios e impactos sociales, y sus implicaciones para lograr consensos en manejo de impactos. Se hace un análisis comparado de cuatro casos de evaluación de impacto social realizados entre 2014 y 2017. Se propone que la adopción de este instrumento induce la realización de evaluaciones con una orientación cuantitativa que resulta más funcional para grandes proyectos, pero enfrenta dificultades en proyectos pequeños. Las evidencias presentadas sugieren la necesidad de hacer ajustes a la normatividad de impacto social para que las evaluaciones consideren mejor las variaciones contextuales según la escala del proyecto, la existencia de otros proyectos e iniciativas, y para ampliar la posibilidad de experimentación metodológica.