El bien documentado argumento de que un riguroso control de la corrupción puede reducir tanto el desempeño de los organismos públicos como la competitividad pública ha conducido a la noción de que es necesario tolerar ¿cierta¿ corrupción en beneficio del desarrollo económico y el desempeño gubernamental. Si bien el argumento es sostenible, la idea que considera tolerables ciertos niveles de corrupción constituye un malentendido. ¿De qué manera, entonces, enfocar la protección de la integridad pública sin sacrificar los intereses públicos y privados? Este análisis considera, primero, los costos de la corrupción que podría denominarse ¿útil¿ o ¿necesaria¿; segundo, los costos de un control estricto de la corrupción; tercero, el particular síndrome de corrupción al que se enfrenta México, con sus implicaciones para una política de integridad y, cuarto, la forma en que las redes públicas de integridad pueden reducir los costos de la corrupción para la competitividad y evitar, asimismo, los de un excesivo control de aquélla.