A finales de 1930 el gobierno mexicano inauguró en Michoacán una nueva etapa de la política indigenista tendiente a integrar a este sector a la sociedad nacional. La práctica institucional en que derivó significó también un novedoso intento por incorporar a los indígenas a la estructura corporativa del Estado posrevolucionario. No obstante su pretensión hegemónica, esta propuesta encontró su contraparte en otra impulsada por la Iglesia católica. En Michoacán desde principios del siglo XX, en el contexto de un renovado catolicismo social, seglares y prelados promovieron un apostolado indígena comprometido con sus raíces culturales. De diversos modos se continuó este indianismo eclesial encontrándose en tiempos recientes con la vertiente institucional y la disidente-pro-autonómica-. La tesis que subyace en el trabajo es que el actual activismo indio michoacano es deudor, en este sentido, de dos proyectos político sociales: el de la Iglesia católica y el del Estado posrevolucionario.