En Paraguay, no se ha realizado ni una sola consulta popular desde la promulgación de su Constitución Política en 1992. El sistema político se muestra inflexible ante iniciativas de consulta popular o iniciativas legislativas de alcance amplio. Al respecto, toda la labor legislativa se ha basado en un consenso más o menos logrado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de modo que la labor de legislación es cautivada sin excepción por los poderes del estado.