En el Perú han existido diferentes iniciativas de promoción de mecanismos de democracia directa, desde las muy antiguas prácticas políticas y el derecho consuetudinario en las comunidades indígenas en la sierra y selva del país, hasta proyectos ya más desarrollados desde los marcos conceptuales y políticos de la modernidad. Sin embargo, es durante el gobierno de Fujimori y Montesinos cuando se aprueba el marco constitucional que promueve y legisla sobre participación ciudadana, poniendo como centro político de la participación la acción directa de las y los ciudadanos, difundiendo y promoviendo un nuevo concepto de participación política que gira sobre la privatización de capacidad de propuesta, puesto que utiliza la promoción de la democracia directa como herramienta de deslegitimación de los partidos políticos tradicionales y de organizaciones como los gremios de trabajadores, etc. presentándolos como instrumentos que entorpecen la democracia y la gestión de la voluntad popular. Posteriormente esta tendencia se mantiene pues se percibe una relación directa entre el Presidente del Estado y el aparato político creado por este para distribuir y administrar fondos del Estado hacia la satisfacción de demandas populares, reforzando con esto la construcción de relaciones de clientelismo entre los nuevos interlocutores que no pertenecían a los partidos políticos y el gobierno central.