Resumen:
A 5 años de la modificación de la Ley No 1377/99 "De defensa Nacional y de Seguridad Interna" y la promulgación del decreto No 103 por la administración de Horacio Cartes el 24 de agosto de 2013, por el que se dispuso "el uso de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en Operaciones de Defensa Interna en los Departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay", con la finalidad de garantizar la seguridad interna, el despliegue de las operaciones conjuntas entre la Policía y las Fuerzas Armadas sumó una serie de denuncias de "múltiples situaciones de abusos de poder por parte de los mismos, principalmente en los allanamientos y la detención de personas, que siguen impunes y sin visos de solución. Los abusos denunciados incluyen torturas físicas y psíquicas, detenciones ilegales, amedrentamientos, desplazamientos forzosos, en un contexto de absoluto abandono del Estado en las áreas de salud, educación, transporte y asistencia técnica".
