Resumen:
A lo largo de los 10 últimos años que abarcan los informes “Derechos Humanos en Paraguay”, se constata que los esfuerzos estatales por prevenir y sancionar la tortura han sido manifiestamente insuficientes. A la impunidad generalizada de los agentes públicos torturadores cabe sumar la ausencia de una política encaminada a su prevención.