Resumen:
La promulgación y consecuente puesta en vigencia de nuevas leyes del sistema penal posibilitó la aplicación efectiva de varios postulados del debido proceso penal enunciados en nuestra Constitución Nacional. Sin embargo, a poco menos de seis años de su vigencia plena (marzo de 2000), la ineficacia e irresponsabilidad de varios operadores del sistema penal (Fiscalía, Poder Judicial, Ministerio del Interior, sistema penitenciario) sembraron la desconfianza ciudadana hacia las nuevas leyes garantistas. Los medios masivos de comunicación social contribuyeron en gran medida para crear este efecto asociando a las mismas con protección a los “delincuentes”.