Resumen:
El Estado paraguayo está obligado por mandato de su Carta Magna a garantizar la igualdad y el respeto de los derechos de personas con orientación e identidad sexual diversa. Está exigido a implementar campañas educativas que promuevan la tolerancia y el respeto a las diferencias, así como brindar condiciones de una vida digna, de justicia eficiente y equidad social.