Resumen:
A pesar de que la Constitución Nacional establece que todos los habitantes tienen derecho a una vivienda digna, el Estado no garantiza el acceso a la vivienda y a la tierra para los sectores populares. No existen políticas públicas para reducir el déficit habitacional ni mucho menos que busquen optimizar el uso del suelo urbano y optimizar la prestación de servicios públicos. No hay limitación legal al monopolio de la tierra urbana, uno de los mayores obstáculos para que las familias de escasos recursos económicos puedan acceder a una tierra. En las áreas rurales el déficit de la vivienda es más acuciante aún por las condiciones de precariedad, insalubridad y carencia de servicios básicos. En el año 2005 continuó la política de ofrecer viviendas populares a través de dos organismos del Estado. No hubo ningún avance en materia de distribución de tierras. No existe propuesta alguna de ordenamiento territorial ni tampoco de poner límites al monopolio inmobiliario privado.
