Resumen:
El Estado paraguayo cuenta con un marco legal que garantiza los derechos humanos y una institucionalidad de género que se plasma en un plan orientador para el diseño y elaboración de políticas que apunten a la igualdad y la no discriminación de las mujeres. Pero para ello hace falta que se acorte la brecha que existe entre el discurso político y la implementación real de estas políticas. Porque con el gobierno actual, del dicho al hecho... hay un largo trecho. Y a su paso, las contradicciones entre discurso y práctica son obstáculos difíciles de vencer.