Resumen:
Guatemala posee un andamiaje jurídico que respalda ampliamente las garantías de derechos que asisten a la niñez y la adolescencia. Estas garantías apuntan hacia la estructuración de un sistema de protección social que, en el país, dista mucho de ser eficiente y eficaz para todas y todos, sin exclusión alguna. En efecto, las acciones que realiza el Estado para garantizar los derechos a la salud, educación, alimentación y vivienda son insuficientes y adolecen de serias fallas que, a la fecha, han contribuido a profundizar las inequidades entre quienes habitan en el área rural con respecto a quienes viven en la urbana; entre mujeres y hombres; entre personas indígenas y no indígenas. Para contribuir a subsanar estas deficiencias, Icefi y Unicef elaboraron ejercicios de análisis de la situación actual, para luego proponer intervenciones concretas en 125 municipios priorizados por el Gobierno por ser aquellos en donde los niveles de pobreza, pobreza extrema y desnutrición crónica son más agudos. Dichas intervenciones abarcan una temporalidad de 2012 a 2021 y se relacionan con las áreas de nutrición, salud, educación, vivienda e infraestructura. Asimismo, se establece un costo para cada una de ellas con base en una estrategia de implementación gradual y escalonada al territorio nacional. Financiarlas es no solo deseable sino también posible, sobre todo si el Gobierno evidencia voluntad política y da paso a reformas fiscales que le permitan agenciarse de los fondos necesarios para hacer realidad uno de los grandes fines por los cuales se organiza el Estado: garantizar el bienestar de la mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas.
